El paramilitarismo como uno de los fenómenos de violencia en Colombia (página 2)

La desinstitucionalización de ciertos territorios
tuvo origen en las denominadas "Republicas
independientes", definidas como aquellas zonas ocupadas por
grupos campesinos que participaron en la confrontación
partidista de los años cincuenta, y que a comienzos de la
década de los 60 se comprometieron con el gobierno de
turno a reintegrarse a la vida civil, a cambio de una reforma
agraria que permitiera la reivindicación de sus derechos
sociales. Ante el fracaso de los acuerdos, dichos territorios,
ubicados principalmente en los departamentos del Huila, Tolima y
Meta, y algunas zonas del magdalena medio, fueron cercados por el
ejército para impedir una nueva reacción armada de
los campesinos, quienes decidieron no abandonar su actividad
reivindicativa y continuar organizando sus comunidades para
exigir la atención estatal.

Los cercos militares en torno a los asentamientos que se
habían formado, generaron el aislamiento de dichas zonas
con el resto del país, ante la dificultad de poder
desarrollar la actividad comercial. El aislamiento también
trajo como consecuencia la total ausencia de autoridades en las
zonas ocupadas, dando paso a la llamada "experiencia de
autogestión", que consistió en que eran los
propios campesinos quienes designaban a sus dirigentes y
adoptaban sus propias decisiones.

Esas regiones donde la institucionalidad estuvo ausente,
fueron paulatinamente ocupadas y dominadas por los distintos
actores armados que hoy hacen parte del conflicto, en particular
por los grupos guerrilleros de izquierda, convirtiéndose
en sus fortines políticos y de lucha, sin que las
autoridades se interesaran porque aquellas regiones fueran
vinculadas a las dinámicas normales del resto del
país. Ese fenómeno de
desinstitucionalización, presentando nuevas
características, con el tiempo se extendió a otras
zonas del país, donde era evidente que el Estado no
ejercía la autoridad y no estaba en capacidad de brindar
desarrollo y seguridad a sus pobladores.

En ese contexto, el paramilitarismo justificó su
existencia ideológica sobre la base de una lucha
antisubversiva, anti-insurgente y de defensa de los valores
tradicionales y de la institucionalidad estatal, reconociendo el
uso de la violencia para cumplir con ese objetivo. Se trataba, a
juicio de los sectores que lo conformaban, de un acto
legítimo de defensa frente a la agresión de que era
objeto la sociedad por parte de los grupos insurgentes, y que el
Estado no estaba en condiciones de repeler. Con ese pretexto, el
de defender los intereses de la sociedad civil, en una primera
etapa, los grupos paramilitares confrontaron a la guerrilla y
lograron expulsarla de algunos territorios ocupados, pasando a
ser de sus dominio e imponiendo en ellos su autoridad por la
fuerza y la amenaza.

Sin embargo, como ya se mencionó, los grupos
paramilitares se convirtieron en verdaderas organizaciones
delictivas y criminales, al servicio de distintos intereses
particulares y en contra de la población civil. Se
constituyó en un instrumento para defender, asegurar y
ampliar los intereses de ciertos sectores políticos,
económicos y sociales, asociándose con el
narcotráfico. Por la vía de la violencia, de las
masacres y el desplazamiento forzado, obtuvo el control sobre
amplias zonas del territorio nacional ricas en recursos naturales
y de alta biodiversidad, regiones estratégicas, tierras
fértiles y aptas para la agroindustria y con potencial
para proyectos de infraestructura.

Allí irrumpieron los grupos paramilitares y de
milicias implementando estrategias para involucrarse con la
población hasta el punto de ser identificados por los
pobladores como habitantes de los territorios. Bajo esa
estrategia, los grupos armados han cumplido funciones reguladoras
de las relaciones sociales, implantando sistemas autoritarios y
restrictivos. Los órdenes que han impuesto requieren el
sometimiento de los pobladores, bajo amenaza y muerte, generando
cambios en la organización social, comunitaria y familiar,
entre los que se cuenta el desplazamiento forzado y las
desapariciones.

La población civil, se ha convertido en la
verdadera víctima de los grupos armados y de los
paramilitares que no han escatimado los actos de violencia en su
contra. Dentro del propósito de asegurar, ampliar y
defender sus intereses y conquistar y mantener nuevos privilegios
de tipo económico y político para ciertos sectores,
materializados en un mayor domino sobre la tierra y sobre los
cargos públicos, los grupos paramilitares han ejecutado
actos de barbarie contra la población civil, entre ellos,
masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas,
hostigamientos, amenazas y desplazamientos forzados.

Durante los dos gobiernos del Presidente Álvaro
Uribe, entre los años 2002 – 2010, como consecuencia de su
política de seguridad, Colombia entró en un proceso
de institucionalización de aquellas zonas del territorio
nacional que se encontraban bajo el dominio de los grupos
guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, desplazando a
tales grupos por la vía armada y garantizando la presencia
de las autoridades políticas, civiles y judiciales del
Estado. De igual manera, acompañando la estrategia de
seguridad, se dictó la llamada Ley de Justicia y Paz, cuyo
objetivo era el de facilitar los proceso de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.

Bajo el auspicio de dicha ley, se produjo la
desmovilización de un gran número de estructuras
paramilitares, sin que ello haya implicado su desaparición
definitiva del fenómeno.

Ese proceso de desmovilización, sin embargo, ha
sido objeto de serios cuestionamientos por las condiciones
especiales en que se llegó al mismo. Dentro del concepto
de justicia transicional, que precisamente acogió el
Presidente Uribe para desmontar el paramilitarismo, se propuso la
entrega de los principales cabecillas de los grupos paramilitares
para que contaran la verdad e indemnizaran a sus víctimas,
a cambio de penas benignas frente a la dimensión de los
delitos atroces cometidos, condenas que no superaran los 8
años de prisión. Se critica que hoy en día,
no se haya llegado a la verdad sobre los actos de barbarie
cometidos por tales grupos, y, también, que los cabecillas
no hayan entregado los recursos suficientes para reparar a sus
víctimas.

No obstante los esfuerzos que se han llevado a cabo para
desmontar el fenómeno paramilitar, en una menor
proporción, el accionar delincuencial de tales grupos
continúa vigente, llevando a cabo sus acciones militares
por distintas zonas del territorio nacional en contra de la
población civil. Muy a pesar de la acción de las
autoridades, y de las desmovilizaciones de algunos grupos y de
sus líderes más destacados, en distintas zonas del
país, continúan operando bandas de paramilitares y
narcotraficantes, las mal llamadas BACRIM (bandas criminales),
que están al frente del negocio del
narcotráfico.

A finales del segundo gobierno del presidente Uribe, a
iniciativa del partido liberal, se presento ante el Congreso de
la Republica un proyecto de ley cuyo propósito
específico era lograr la atención y
reparación de las víctimas del conflicto armado en
Colombia, dentro de un propósito de paz y
reconciliación nacional. Sin embargo, sobre la base de los
altos costos fiscales que dicha intención legislativa
podía tener, las fuerzas políticas aliadas con el
gobierno no permitieron que esa intención legislativa se
convirtiera en realidad.

En Mayo de 2010, se eligió como presidente de la
Republica al doctor Juan Manuel Santos Calderón, quien una
vez posesionado, en agosto de ese mismo año, convoco a los
partidos políticos, a las organizaciones sociales y
gremios económicos para apoyar un acuerdo nacional por la
paz y la reivindicación de los derechos sociales. Con ese
propósito, y en desarrollo de dicho acuerdo, el gobierno
Nacional a través del ministerio de interior y de
justicia, presentó ante el congreso de la Republica un
proyecto de ley, actualmente en trámite, que recoge la
iniciativa anterior, es decir, la de reconocer estatus
jurídico a las víctimas del conflicto armado en
Colombia. Concretamente, dicho proyecto está dirigido a
adoptar medidas de atención y reparación integral a
las víctimas de las violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario.

El comentado proyecto de ley, es el resultado de un
amplio consenso entre el Gobierno Nacional, diversos sectores
políticos y la sociedad civil, en aras de lograr un amparo
integral de las víctimas que abarque mecanismos de
asistencia, atención, prevención,
protección, reparación integral con enfoque
diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad,
ofreciendo herramientas para que aquéllas reivindiquen su
dignidad y desarrollen su modelo de vida. Se considera que
sólo con la materialización de este objetivo es
posible lograr la finalidad última de la justicia
transicional en Colombia, como recuperación de los traumas
de la violencia sistemática y generalizada, cual es la
reconciliación nacional.

Tal proyecto, que actualmente se encuentra surtiendo su
último debate en la plenaria del Senado de la
República, tiene por objeto establecer un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas
en beneficio de las víctimas, que permita hacer efectivo
el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, de modo que se reconozca su condición
de víctimas y se dignifiquen a través de la
recuperación del ejercicio de sus derechos
constitucionales, promoviendo igualdad de oportunidades y la
eliminación de cualquier forma de discriminación,
dentro del marco de la justicia transicional.

7.2 El paramilitarismo desde una perspectiva
jurídica y económica

Una vez analizado el paramilitarismo desde la
perspectiva política y social, pasamos a ver la incidencia
de dicho fenómeno en el ámbito jurídico y
económico, apoyándonos también en la
investigación teórica y práctica realizada,
en este último caso, basándonos en alguna medida en
las entrevistas que hicimos a personas con experiencia en el
tema.

El fenómeno paramilitar, dentro del
propósito de cooptar el poder político,
económico y territorial en Colombia, se ha manifestado a
través de dos grandes acciones: las masacres y el
desplazamiento forzado interno, las cuales constituyen formas de
violencia extrema, violatorias de la dignidad humana y contrarias
al derecho internacional humanitario.

Las referidas acciones, que venían en incremento
en los últimos veinte años, han implicado grandes
costos para el país, tanto desde el punto de vista
institucional, como desde la perspectiva social y humana. Tales
costos se aprecian, entonces, en términos de vidas
humanas, destrucción en infraestructura -pública y
privada-, exclusión social, discriminación,
expropiación de tierras, y en la necesidad de
diseñar, implementar y ejecutar políticas
públicas dirigidas a enfrentar tales hechos de violencia
contra la población civil y reivindicar los derechos de
las víctimas; políticas cuya puesta en marcha viene
implicando un gran esfuerzo económico y de
inversión de recursos públicos.

Hasta mediados de los años noventa, Colombia
venía enfrentando las consecuencias del paramilitarismo a
través de los mecanismos que le brindaba la
legislación ordinaria para tiempos de normalidad
institucional, lo cual mostraba la incapacidad de las autoridades
para contrarrestar y superar ese fenómeno de violencia
cuya impunidad era creciente. Ante la circunstancia de que las
acciones paramilitares venían en aumento, se
expidió la siguiente ley: "Por la cual se adoptan
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, la protección y consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados
internos en la República de Colombia" (Corte
Constitucional, 2007), estableciéndose en ella el marco
legal dentro del cual el Estado debe asumir su responsabilidad
frente al conflicto armado y se señalan los mecanismos e
instituciones necesarios para proveer las ayudas requeridas por
la población afectada por el desplazamiento. De forma
paralela, en ese mismo año, se profirió la Ley 418
de 1997, mediante la cual se buscó facilitar el
diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos
armados organizados al margen de la ley para su
desmovilización, reconciliación entre los
colombianos y lograr la convivencia pacífica, previendo la
posibilidad de conceder amnistías e indultos para delitos
políticos cometidos por miembros de organizaciones
ilegales.

No obstante la intención señalada en las
citadas leyes, el Estado no apropió los recursos
necesarios para hacer realidad los idearios de justicia y
reconciliación, y tampoco adoptó las medidas
suficientes y adecuadas dirigidas a frenar la situación de
desplazamiento en el país.

Posteriormente, la propia Corte Constitucional, en la
Sentencia T-025 de 2004, procedió a "declarar un
Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento
forzado" (Corte Constitucional, 2004) , al advertir
la grave crisis humanitaria y la vulneración constante de
los derechos de la población desplazada, incluso derivada
(i) de la omisión de las autoridades en adoptar los
correctivos tendientes a garantizar los derechos de la
población afectada; (ii) de la falta de recursos y de
capacidad institucional para atender las contingencias y (iii) de
la connivencia de varias entidades estatales en las omisiones y
acciones generadoras de la vulneración de los derechos de
los desplazados.

En ese escenario, se procedió a dictar una nueva
ley, la ya mencionada Ley de Justicia y Paz, cuyo objetivo era el
de facilitar los proceso de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación,
sin someter al perdón y olvido las graves violaciones a
los derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra
el Derecho Internacional Humanitario.

Para llevar a cabo la ejecución de la ley de
justicia y paz, se crearon instituciones especializadas, a nivel
de la administración de Justicia y de la Rama Ejecutiva,
con cargo al presupuesto general de la Nación, como lo
fueron: (i) la Unidad Nacional de Fiscalías para justicia
y paz; (ii) los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para
justicia y paz (iii) la Procuraduría Judicial para
justicia y paz; (iv) la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, precedida por el
Vicepresidente de la República; (v) las Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes; y (vi) el Fondo
para la Reparación de las Víctimas.

Los órganos judiciales, fueron creados para
ocuparse de manera especial y única, de lo concerniente a
la investigación, procesamiento, sanción y
beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados
organizados al margen de la ley, como autores o partícipes
de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. Por
su parte, en plena concordancia con lo anterior, la
ejecución de las labores de reparación corre a
cargo del Fondo para la Reparación a las Víctimas,
mientras que el Consejo Nacional de Reparación y
Reconciliación, presidido por el Vicepresidente de la
República y con representación de diversos
estamentos, entre ellos las organizaciones de víctimas, es
el encargado de supervisar las labores de reparación y de
presentar un informe público sobre el surgimiento y
accionar de los grupos armados ilegales que se desmovilicen.
Dicho consejo debe velar además, por el eficaz
desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales, poner en
marcha programas de reparación colectiva en las regiones
donde éstas han operado y coordinar las Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes.

De modo que, dentro de la necesidad de ofrecer un
juzgamiento especial en los términos de la ley para los
miembros de los grupos armados que tomaran el camino de la
reinserción, y también, dentro del objetivo de
brindar verdadera atención a las víctimas de la
violencia, mediante el trámite de la reparación de
los daños que le fueron causados por los distintos actos
de violencia que hubiesen sido confesados.

Como se ha venido señalando a largo de esta
monografía, aun cuando la ley de Justicia y Paz
condicionaba la entrega de los jefes paramilitares a que contaran
toda la verdad sobre sus acciones y entregaran todos los bienes
que habían adquirido, estos hechos no se han cumplido, y,
por tanto, son pocas las condenas que se han producido y no ha
habido lugar a las reparaciones de la víctimas del
conflicto paramilitar, debiendo asumir el Estado los costos que
implica el sostenimiento y atención de las mismas. Como es
de todos conocidos, algunos jefes paramilitares han tenido que
ser extraditados a los Estados Unidos, para ser juzgados por
delitos trasnacionales, por no cumplir con las condiciones de
verdad, justicia y reparación. Si a lo ocurrido se suma
las penas previstas en la ley, que en ningún caso superan
los 8 años de cárcel, tal sanción resulta
ser desproporcionada en relación con los delitos atroces
que aquellos han cometido contra la población
civil.

Sobre este particular, el abogado José Antonio
Cepeda Amarís, miembro de la Corte Constitucional, al ser
interrogado sobre el papel cumplido por la administración
de justicia dentro del compromiso que tienen las autoridades
públicas de combatir los grupos paramilitares,
manifestó que "en la practica la
administración de justicia ha sido insuficiente y no ha
sido constante en la persecución de estos fenómenos
de violencia que están sumados al paramilitarismo"
(Cepeda, 2011)

Después de más de cinco años de
haber entrado en vigencia la Ley de Justicia y Paz, sólo
hasta mediados del año 2010 se dictó la primera
sentencia contra dos jefes del paramilitarismo sometidos a la
justicia, los conocidos con los alias de "Diego Vecino"
y "Juancho Dique", por crímenes contra la
comunidad de Mampuján los días 10 y 11 de marzo del
año 2000, un corregimiento de María La Baja,
Bolívar. Los citados jefes paramilitares, fueron
condenados por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de
Justicia y Paz, a penas ordinarias de 39 y 38 años
respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el
desplazamiento de 300 familias en Mampuján, sin embargo,
los dos desmovilizados, por estar cobijados por la ley de
Justicia y Paz, quedan sometidos a la pena alternativa de ocho
años. El Tribunal encontró culpables a
"Diego Vecino" y a "Juancho Dique" de los
delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento,
secuestro, hurto, porte ilegal de armas y uso de prendas de las
FF.AA, calificando dicha autoridad la masacre y el desplazamiento
de Mampuján, de graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y de Lesa Humanidad por haber atacado
civiles inocentes. El Tribunal también determinó la
indemnización que deberán recibir las
víctimas para ser reparadas, estando basada tal
reparación individual en las condenas a Colombia por parte
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, por
el delito de homicidio, los paramilitares tendrán que
pagar 240 millones por familias víctimas, con un
máximo de 40 millones de pesos por víctimas,
dineros que de acuerdo con los bienes que éstos
denunciaron ante las autoridades de justicia y paz, resultan en
principio insuficientes para cubrir la condena.

Vistas así las cosas, resulta casi imposible
cuantificar los costos económicos que ha demandado para el
Estado y para la sociedad el fenómeno paramilitar. Como ya
se mencionó, dicho costo se ha manifestado en
pérdidas de vidas humanas, desplazamiento,
destrucción, expropiación sin indemnización,
y violación reiterada de los derechos fundamentales para
las víctimas. Para la administración
pública, recursos que habrían podido direccionarse
a otros sectores sociales, han debido invertirse en seguridad,
justicia y demás políticas públicas
diseñadas para la atención de las
víctimas.

Precisamente, el proyecto que actualmente surte su
último debate en el Congreso de la República,
dirigido a lograr la atención y reparación de las
víctimas del conflicto armado en Colombia, y la
restitución de sus tierras, ha presentado resistencia
sobre la base de los altísimos costos que el mismo puede
implicar para las finanzas públicas, máxime si se
tiene en cuenta que la devolución de bienes y recursos por
parte de los paramilitares sometidos a la justicia, no resulta
proporcional a los daños por ellos causados a la
población civil. En relación con este punto, el
Economista Juan Camilo Nariño, al ser interrogado sobre
las críticas que le caben al proyecto de ley de
reparación de víctimas de la violencia en Colombia,
hizo la siguiente precisión:

"Mi inquietud en esto es en el alcance y el marco en
el que se va a desarrollar esa ley, es decir, que victimas de la
violencia se van a atender, en qué condiciones, en que
formas porque aquí hay que de alguna forma dimensionar
esto, porque el Estado no tiene plata para pagar esas
expectativas que salen en general, entonces esas iniciativas de
la ley de víctimas, Colombia estaba en mora de tenerlas,
era necesario tenerlas hace mucho tiempo, ahora para que esas
enormes expectativas que hay entorno a eso, no queden como una
propuesta mas, tienen que acotarse muy bien a la ley, tiene que
saberse muy bien a que se va a responder y a que no. Entonces mi
inquietud es el alcance de cómo se va a enmarcar esa ley
para que se cumpla con las expectativas .Acá somos
expertos en sacar unas leyes muy grandes, unas expectativas muy
grandes, pero que a la hora de concretarlas nada, además
deben ser inmediatas, debe promulgarse la ley y empezar el
proceso de reparación y de entrega de tierras a quien le
corresponde, ahora hay que ver bien a quien les corresponda y
como, eso es lo que hay que afinar en la ley de esa
reglamentación". (Nariño, 2011)

Aun cuando existan serias críticas sobre el
proyecto de ley de reparación de víctimas de la
violencia armada en Colombia, sobre la base de los altos e
incalculables costos que demandaría para las finanzas
públicas, si con ello se contribuye a lograr la paz y la
reconciliación nacional en Colombia y permitir que las
víctimas de la violencia armada reivindiquen su dignidad y
desarrollen su modelo de vida, debe darse vía libre al
mismo, pues, frente a dicho propósitos, cualquier cantidad
de recursos resultarían pocos en pro de alcanzar el
objetivo. El costo de la violencia en Colombia, en
términos de pérdidas de vidas humanas,
desplazamiento forzado, y crisis social, no puede medirse en
términos económicos, ni tampoco dicho factor puede
ser un impedimento para lograr la tan anhelada paz.

Conclusiones

En esta monografía se llegó a diversas
conclusiones acerca del conflicto armado y los graves problemas
sociales, económicos y políticos que ha
desencadenado el paramilitarismo a lo largo de los últimos
treinta años en Colombia; como muestra del poder y el
control que tenían dichos grupos sobre la
organización estatal y sobre la comunidad
nacional.

Consientes del conflicto armado que hoy existe en
Colombia, y las graves consecuencias que el mismo le ha dejado al
País, en centenares de muertes, desplazamiento,
devastación, destrucción, pobreza y marginamiento,
el Estado y la sociedad, deben asumir el compromiso
histórico de encausar todos sus actos, acciones y
ejecutorias, hacia la búsqueda de la paz y la
reconciliación nacional. Por eso creo que es un deber y un
compromiso propio del Estado, con la colaboración de la
población civil, desmantelar la estrategia paramilitar,
perseguir a sus promotores, ejecutores y encubridores, así
como también, depurar las responsabilidades y adelantar el
enjuiciamiento de los responsables de cada uno de los actos que
han perjudicado a la sociedad, ya que considero indispensable que
eso ocurra para llegar a reconstruir la verdad y lograr una
sociedad más igualitaria y justa, y a su vez, encontrar y
desarrollar un debido orden democrático y un verdadero
Estado Social de Derecho, como lo propugna nuestra
Constitución Política.

Sin duda que los grupos paramilitares son verdaderas
organizaciones criminales y delictivas que, dentro del objetivo
de lograr la paz y la reconciliación nacional, deben ser
confrontadas por el Estado con todos los instrumentos con los que
cuenta para combatir el delito y sobre sus miembros debe recaer
toda la responsabilidad penal que corresponda a sus conductas; de
la misma forma, el Estado debe trazar una verdadera estrategia de
reparación en favor de las víctimas de este
fenómeno, apropiando los recursos para las respectivas
indemnizaciones, recursos que también deben provenir de
los patrimonios personales de los jefes paramilitares, que en
últimas son recursos de las propias víctimas. Como
ya se mencionó, si una ley general sobre reparación
de víctimas de la violencia, que implique una vasta
apropiación de recursos públicos, contribuye a
lograr la paz y la reconciliación nacional en Colombia y
permitir que las víctimas de la violencia armada
reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida, debe
darse vía libre a la misma, pues, frente a dicho
propósitos, cualquier cantidad de recursos
resultarían pocos en pro de alcanzar el
objetivo.

Ahora bien, el paramilitarismo, por todo lo que ha sido
históricamente y lo que aún es, es un
fenómeno de violencia política que debe ser
denunciado por todas sus implicaciones en masacres,
desplazamiento forzado, tortura, amenaza, aniquilamiento, mentira
y crueldad. Pero silenciarse frente a los crímenes que han
cometido, en nada ayuda a la adecuada construcción de la
paz, puesto que ésta jamás se puede edificar sobre
la mentira, y mucho menos, manteniendo vigentes los mecanismos
del crimen y de la impunidad. Siendo éstas, razones de
sobra para que el Estado corte cualquier tipo de nexo causal con
dichos grupos y pueda recuperar y limpiar su institucionalidad,
pues no es posible permitir que organizaciones armadas, que
incurren en crímenes de lesa humanidad y en el terror,
actúen bajo el nombre del Estado o con su consentimiento.
Pero en el proceso de búsqueda de la paz, es de vital
importancia que el Estado reconozca y garantice los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación, como principios fundamentales que cada uno de
ellos tiene y que por ningún motivo pueden ser
negociables, tal y como lo afirman en el siguiente manifiesto por
la paz y los derechos humanos en Colombia muchas ONG y entidades
políticas a nivel mundial:

"… el perdón solo podrá venir
de las víctimas y nunca de los victimarios. El
perdón no se decreta. La capacidad de perdonar es
inherente a la víctima y está relacionada con la
necesidad de saber la verdad y ver realizada la justicia. Solo
así el pasado será pasado aunque nunca
olvido". (Derechos Humanos , 2000)

Cabe destacar, que la comunidad internacional, a
través de los distintos entes intergubernamentales, ONG y
los propios Estados, tiene la responsabilidad de hacer un llamado
al Estado colombiano para que en el País se respeten los
derechos humanos y se acaten las normas del Derecho Internacional
Humanitario y los convenios internacionales que en esa materia
han sido suscritos por Colombia y que la comprometen en el
concierto internacional de las naciones. En cumplimiento de tales
mandatos, el Estado colombiano debe tener como prioridad
indiscutible, y así se lo debe exigir la comunidad
internacional, el desmantelamiento de las organizaciones
paramilitares y el castigo y sanción de los responsables
materiales e intelectuales de los crímenes que
éstas han cometido. Solo logrando tales cometidos, se
pueden generar condiciones para la reconstrucción del
país y para encontrar la paz con justicia social y la
reconciliación nacional.

También la posición de la sociedad frente
al paramilitarismo debe ser, por supuesto, de total y absoluto
rechazo. Considero que en nuestro país, los
fenómenos de violencia en general, y la violencia
paramilitar en particular, han desestabilizado la sociedad y ha
causado daños irreparables en su población. El
hecho de que el paramilitarismo actúe por fuera de la ley
y en alianza con grandes grupos delincuenciales, deslegitima
cualquier justificación posible sobre su existencia. La
historia muestra que en la búsqueda de sus objetivos, han
dirigido sus acciones contra la población civil,
ejecutando grandes y múltiples masacres y generando
desplazamientos forzados en las distintas regiones. A raíz
de estos hechos, las ciudades se han visto invadidas por
compatriotas que han sido despojados de sus tierras y de su
patrimonio y que llegan a ellas sin ningún futuro huyendo
de la violencia paramilitar.

Nosotros los jóvenes de esta generación,
también estamos comprometidos con la paz y la
reconciliación de Colombia y, por tanto, debemos encausar
nuestros actos al logro de ese objetivo. El compromiso inicial,
en aras de tal propósito, es el de educarnos y formarnos
con valores, basando nuestros actos en la tolerancia, el respeto,
la solidaridad, el perdón, la rectitud y la ética,
buscando con ello una sociedad más justa, más
igualitaria y más inclusiva, donde todos tengamos
oportunidades y podamos vivir dignamente. En un futuro, y bajo
los principios señalados, nos corresponde contribuir, a
través de nuestra fuerza de trabajo, al desarrollo y
progreso del país.

Bibliografía

-Castro, N. (2006). Una Larga Noche, Los
caminos del conflicto en Colombia. Bogota.

-Cepeda, J. (12 de Marzo de 2011).
Entrevista juridica Paramilitarismo. (J. A. Campos,
Entrevistador)

-Constitucional, Corte. (2001). Sentencia
T- 1346. Bogota: Corte Constitucional.

-Corte Constitucional. (1997). Ley 387.
Bogota .

– Corte Constitucional. (2007). Ley 387.
Bogota.

-Corte Constitucional. (2004). Sentencia
T-025. Bogota.

-Corte Constitucional. (2004). Sentencia
T-025. Bogota.

-Derechos Humanos . (2000). Nueva
York.

-El Tiempo. (15 de Mayo de 2007). El
verdadero origen del paramilitarismo en Colombia. Diario El
tiempo .

-(27 de Octubre de 2008). Historia del
Paramilitarismo en Colombia. (Pirri, Entrevistador)

–http://www.nodo50.org/derechosparatodos/Areas/AreaCOLOM-55.htm.
(10 de Marzo de 2002).

-http://www.verdadabierta.com/la-historia/periodo4/entrega-de-bienes-de-victimarios.
(24 de Agosto de 2008). Recuperado el 26 de Junio de 2010, de
www.verdadabierta.com

-Martinez, A., Ramirez, C., & Borda, E.
(2003). Persistir en la paz negociada. Analisis del contexto
socioeconomico y politica del conflicto en Colombia. Konrad-
Adenaver- Stiftung.

-Nariño, J. C. (24 de Marzo de
2011). Entrevista economica y politica Paramilitarismo. (J. A.
Campos, Entrevistador)

–ONU. (1997). Derechos humanos.

-Presidencia de la republica, Departamento
nacional, planeacion. (2006). Hacia una Colombia equitativa e
incluyente . Gente nueva.

-Romero, C. (2002). Paramilitares y
autodefensas. Bogota.

-Reyes, A. (Compositor). (1998).
Surgimiento y expansion del Paramilitarismo. Monteria,
Colombia.

-Vazquez, A. (2001). Breve historia del
Paramilitarismo.

Anexos

Anexo 1:

Entrevista transcrita Doctor Juan Camilo Nariño,
economista y politólogo.

ENTREVISTA ECONOMICA

• 1. Distintas fuentes coinciden en definir el
  paramilitarismo como una estructura u organización
  armada paraestatal creada para combatir los grupos
  guerrilleros. ¿Qué factores cree usted que
  influyeron para que el paramilitarismo transformara su
  carácter antisubversivo?

Yo lo que veo es que la discusión es por supuesto
de las zonas donde se creó el paramilitarismo, fue una
ausencia total del Estado, que por algún tiempo importante
permaneció así, pero al ya no estar en el proceso
de desmovilización, al conversar con los paramilitares, al
preguntarle a los comandantes del por qué estaban
desmovilizándose. Uno lo que puede ver es que esa
situación de permisividad en algunas regiones
empezó a cambiar y de manera muy fuerte, entonces ellos
empiezan a sentir que hay un Estado persiguiéndolos,
siendo estos personas que han estado acostumbradas a vivir,
comandando grupos y frentes sin mayor persecución, y
cuando empiezan a sentir dicha persecución por supuesto
empiezan a sentir una presión para desmovilizarse. Si
usted me dice que esto es una creación paraestatal, yo lo
pensaría que es una creación de un monstro que
principalmente se pensó que era una solución y que
se creó por civiles o grupos de importancia de algunas
regiones, que después empezó a tener una
permisividad del Estado en algunas regiones, pero que no fue
creado por el Estado, que es distinto.

2. ¿Desde una perspectiva económica,
que críticas cree usted que le caben al proyecto de ley de
reparación de víctimas de la violencia en Colombia,
que actualmente se tramita en el Congreso de la
Republica?

Mi inquietud en esto es en el alcance y el marco en el
que se va a desarrollar esa ley, es decir, que victimas de la
violencia se van a atender, en qué condiciones, en que
formas porque aquí hay que de alguna forma dimensionar
esto, porque el Estado no tiene plata para pagar esas
expectativas que salen en general, entonces esas iniciativas de
la ley de víctimas, Colombia estaba en mora de tenerlas,
era necesario tenerlas hace mucho tiempo, ahora para que esas
enormes expectativas que ahí entorno a eso, no queden como
una propuesta mas, tienen que acotarse muy bien a la ley, tiene
que saberse muy bien a que se va a responder y a que no. Entonces
mi inquietud es el alcance de cómo se va a enmarcar esa
ley para que se cumpla con las expectativas .Acá somos
expertos en sacar unas leyes muy grandes, unas expectativas muy
grandes, pero que a la hora de concretarlas nada, además
deben ser inmediatas, debe promulgarse la ley y empezar el
proceso de reparación y de entrega de tierras a quien le
corresponde, ahora hay que ver bien a quien les corresponda y
como, eso es lo que hay que afinar en la ley de esa
reglamentación.

• 3. . De acuerdo con las estadísticas
  publicadas por la Red de Solidaridad Social, en Colombia se
  registran actualmente más de dos millones setecientos
  (2.700.000) desplazados por la violencia. ¿Cree usted
  que esta cifra es real ?, y si lo es, ¿A cuánto
  cree usted que asciende el estimativo de recursos que ha
  tenido que apropiar el Estado durante los últimos
  cinco años para la prevención del
  desplazamiento forzado y la atención,
  protección, consolidación y
  estabilización socio- económica de los
  desplazados internos de Colombia?

Yo no sé, Laureano Gómez decía que
la estadística es aquello con lo cual o sin lo cual,
siempre quedamos tal cual. Si Colombia se ha caracterizado por no
tener cifras de nada, y eso es un problema que hay que
solucionar. Seguramente la violencia y tantos años de
violencia han generado un desplazamiento o algo parecido a eso,
yo ahí veces me atrevo a decir que esas cifras de la
violencia suelen dimensionarse un poco más de lo normal
que es realmente, pero habrá que ver, pero no tengo
argumentos para debatir eso.

• 4. ¿Qué costos
  económicos cree usted que ha traído para el
  país la política de reinserción de los
  grupos paramilitares en Colombia?

Yo no sé las cifras, pero cualquier costo es
menor, si hubiera una consciencia en cuanto a eso. Todos los
programas de reinserción y reincorporación en el
mundo entero, debe ser una política de Estado y deben
rodearse de recursos económicos, de recursos
físicos y ponerse todo el Estado a disposición para
que esa reincorporación suceda de buena forma. Entonces yo
creo que el proceso de reincorporación en Colombia ha sido
corto, no sé en recursos, pero en efectividad si lo
sé, es decir, hay que poner todo el Estado a funcionar
para que las personas que se desmovilicen de un grupo armado, no
vuelvan a la ilegalidad, ya que dieron el transito a la
legalidad, que realmente se les acompañe en el proceso
para que no vuelvan a la ilegalidad. ¿Qué es lo
más fácil? Que una persona de 17 años o de
20 años en Córdoba, que desde los 12 ha estado en
la ilegalidad en un grupo armado, la cosa más fácil
es pasarse al narcotráfico, entonces el Estado tiene que
poner toda la disposición para que esto no
siga.

• 5. . ¿Cuáles cree usted que
  deben ser las acciones que tiene que adoptar el gobierno para
  ponerle fin al fenómeno paramilitar?

Esa pregunta supone que hoy existe un fenómeno
paramilitar. Yo a veces pienso, porque además de todo lo
viví, yo estuve tres años en eso, pero siento que
el fenómeno actual, que algunos asemejan con un
fenómeno paramilitar, es un fenómeno de
narcotráfico. Las estructuras paramilitares, como
así lo define el derecho internacional, entre otras, que
existían antes, con mandos unificados, manejo completo del
territorio y de más, hoy no las tiene, esas estructuras
por definición, se acabaron con los procesos de
desmovilización, ahora que dichos procesos, llevaron a la
creación de grupos netamente vinculados al
narcotráfico. Las estructuras paramilitares de antes,
financiadas por supuesto por el narcotráfico y
demás, e inclusive muchos que llegaron al proceso siendo
narcotraficantes, eso sí, sin un pasado paramilitar, esas
estructuras se desmovilizaron, sus jefes hoy están en
Estados Unidos en proceso de extradición, pero el
paramilitarismo como tal, tal vez es un problema de nombres y de
palabras, yo me refiero a las estructuras ilegales armadas, donde
2000 hombres, 1300 hombres que existían antes, que
manejaban todo en Vichada, todo el oriente antioqueño,
todo Nariño, para poder traficar, un bloque como el bloque
Bolívar, estos bloques y esas estructuras hoy como eran
antes ya no existen.

Existen los grupos de narcotraficantes, incluso
más vinculados a unos fenómenos urbanos y esa
diferenciación es muy importante hacerla, porque cuando
usted combate la ilegalidad urbana o rural, tiene distintas
maneras de hacerlo, una con el ejército y la urbana tiene
unas características y unas connotaciones para acabar con
esas ilegalidades distintas, más vinculadas a la
policía, a informantes urbanos. Entonces, esa
diferenciación es muy importante para entender que es lo
que está pasando en el país. Ya usted puede ir a
las fincas por ejemplo, eso antes no se podía hacer, por
un fenómeno paramilitar como también por un
fenómeno de los grupos guerrilleros.

Hoy usted tal vez cuando le pregunta a sus amigos y de
más, se siente más inseguro en las ciudades que en
el campo, cosa que no existía antes y esa inseguridad en
las ciudades se debe básicamente a grupos, que seguramente
muchos de los procesos de desmovilización de los
paramilitares, que se fueron a las comunas de Medellín, a
los barrios de Bogotá, de Cali y demás, pero
insisto, no son estructuras como las de antes, no son estructuras
a lo que antes se llamaba paramilitarismo, si hoy se quieren
inventar una nueva forma de paramilitarismo, pues muy bien, pero
lo que existía antes, esas estructuras fuertes ya no
existen.

Anexo 2:

Entrevista transcrita doctor Juan Camilo Nariño.
Economista y politólogo.

ENTREVISTA POLITICA

• 1. ¿Cuál cree usted que es el
  origen del fenómeno paramilitar en
  Colombia?

Sencillamente, la ausencia del Estado, una ausencia del
Estado, por años en algunas regiones que llevo al
paramilitarismo, que genero una bola de nieve y de violencia que
nunca el país se imagino, eso fue lo más nefasto
que le pudo pasar al país, bueno como reacción a la
guerrilla, que no estamos hablando de esa otra bola gigantesca de
violencia.

• 2. ¿Cuáles cree usted que
  fueron las circunstancias políticas que incidieron en
  la agudización del fenómeno paramilitar durante
  la década de los años ochenta en
  Colombia?

Una inhumana presencia guerrillera por todo el
territorio nacional y una ausencia del Estado para combatir esa
guerrilla y una, en parte en algunos lugares, permisividad del
Estado para que esos grupos paramilitares crecieran y cogieran
fuerza. Esos tres factores, un Estado que no hizo presencia, unos
municipios del país que no tenían fuerza
pública, que no tenían jueces, que no tenían
autoridad, que la guerrilla con todo ese espacio de autoridad,
sumado a una financiación de grupos para combatir eso sin
Estado, y después una permisividad en muchas regiones del
país de ese fenómeno paramilitar que llevo a un
crecimiento exagerado, que después le corto la cabeza otro
mundo, literal y no literalmente pero fue un fenómeno que
al vincularse con el narcotráfico perdió cualquier
sentido y perdió cualquier razón de ser, nunca
debió ser pero así se formo, al igual que la
guerrilla.

• 3. ¿Qué beneficios cree usted
  que trajo para el país la llamada política de
  seguridad promovida y ejecutada por el presidente Uribe
  durante sus dos periodos presidenciales
  (2002-2010)?

Muchos, voy a hablar desde el punto de vista
económico y desde el punto de vista social del
país. En el punto de vista económico, Colombia
había tenido históricamente antes del 2000, por
ejemplo, una inversión extranjera directa que no llegaba a
los mil millones de dólares, pues en el 2007 y 2008 ya
había una inversión extranjera en el país de
unos diez mil millones de dólares. Eso no existía
antes, Colombia pasó de tener un producto interno o per
cápita en el año 2000 de unos 2300 dólares
por persona, a tener ahora un producto per cápita de casi
6000 dólares por persona. El país paso a tener unas
exportaciones de cuarenta mil millones de dólares en el
2005 a ochenta mil millones de dólares cinco años
después, es decir, la política de seguridad
democrática, sumada a otras cosas, pero básicamente
esa estructura, esa columna vertebral, genero en el país
una confianza que antes no existía.

Antes Colombia era un país que internacionalmente
no se tenía en cuenta para absolutamente nada y esa
política de seguridad democrática, reconstruyo la
confianza de afuera en el país y la confianza nuestra para
poder llegar a ofrecer cosas en el mundo, productos, bienes,
mercados y de mas. Ya desde el punto de vista económico o
desde el punto de vista turístico, si usted revisa por
ejemplo, las cifras de visitas y de viajes por carretera, en los
peajes, Colombia es un país, hoy distinto que al de hace 8
años. Eso va estrictamente ligado a una política de
seguridad que llevo la fuerza pública, algunos
dirán que entonces se ha llevado corrupción, pero
que llego esta institucionalidad a todos los municipios del
país, jueces, llevar policías, llevar ejercito
cuando lo corresponda a municipios donde tenía la
última palabra el que más fuerte hablara con un
fusil en la mano. Eso sigue pasando, pero ya no es tan
generalizado como antes, de algo sirvió para disminuir
esto.

Desde el punto de vista de la violencia como tal, yo
sí creo que contribuyo a que hoy el país
socialmente sea un país con menos presión de grupos
al margen de la ley. Esa presión militar, llevo a que se
diera a cabo la desmovilización de grupos paramilitares,
treinta seis mil hombres, diecisiete mil armas por fuera de la
guerra. Muchos dicen que esa política de seguridad
democrática lo que hizo fue desmovilizar campesinos que no
estaban vinculados a los grupos paramilitares, puede ser verdad,
pero si ustedes a mi me ponen a escoger entre desmovilizar unas
estructuras paramilitares en las que posiblemente el veinte por
ciento de esos grupos, sean personas que no tenían
vínculos con los grupos armados y en sí, con la
estructura militar, yo sigo insistiendo en que es preferible
desmovilizar la estructura militar y asumir el costo del vente
por ciento que no pertenece a la estructura.

Anexo 3:

Entrevista transcrita doctor José Antonio Cepeda
Amaris. Magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de
Colombia

ENTREVISTA JURÍDICA

• 1. ¿Cuál ha sido la incidencia
  del paramilitarismo en el fenómeno de violencia en
  Colombia en las últimas décadas?

Yo creo que no existe discusión en torno a la
afirmación a que el paramilitarismo ha jugado un papel
importante en el fenómeno de la violencia en Colombia por
lo menos durante los últimos 30 años, la violencia
en Colombia en realidad es una violencia estructural, una
violencia endémica, la manera como la describe la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para significar que
nuestro país ha vivido permanentemente en situación
de violencia, han sido distintos los fenómenos que han
incidido en ese fenómeno de violencia, podríamos
decir que en los mismos albores de la republica a partir del
grito de independencia nos unimos en una confrontación de
orden partidista, fuimos evolucionando y esa violencia se fue
transformando después con los grupos de izquierda una
violencia antisubversiva y en esos momentos surgen los grupos
paramilitares como formas de reacción a la violencia
guerrillera y como consecuencia a la debilidad del Estado para
afrontar esos grupos guerrilleros.

A partir de ese momento podríamos decir que el
fenómeno paramilitar ya entra a ser protagonista en el
fenómeno de violencia en Colombia, lo que ha ocurrido con
el fenómeno paramilitar es que ha cambiado sus objetivos
de guerra, repito, inicialmente centrémonos en el gobierno
del presidente Turbay Ayala en el año 78 y en el gobierno
del presidente Belisario Betancourt en el año 82 para
decir que durante el gobierno del presidente Turbay se implemento
lo que se llamo la doctrina de la seguridad nacional, parte de su
compromiso de gobierno del presidente Turbay era combatir a esos
grupos guerrilleros de esa manera se genero una filosofía
de confrontación o de guerra para enfrenta esa copula
militar para enfrentar a los guerrilleros y durante los 4
años del presidente Turbay digamos que las fuerzas armadas
entraron a enfrentar a los grupos guerrilleros.

Cuando sube en el año 82 el presidente Belisario
Betancourt al poder, cambia sustancialmente, le da un vuelco
radical a esa política, para plantear una política
de paz con los grupos guerrilleros. Dicha política de paz
que implico el reconocimiento político de un acuerdo con
esos grupos guerrilleros, genero una inconformidad en la
cúpula militar que precisamente llevo a apoyar de manera
subrepticia a estos grupos armados de civiles conocidos como
paramilitares para que por fuera del Estado, por fuera de la ley
se mantuviera esa confrontación que había sido
legitima durante el gobierno del presidente Turbay de manera que
en ese momento esos grupos paramilitares entran a confrontar a
los guerrilleros con el visto bueno del apoyo de la cúpula
militar en preparación, entrenamiento, armas y de algunos
sectores de la sociedad no solo sociales sino también
políticos que veían en esos grupos paramilitares la
posibilidad que no tenía el Estado de confrontar y de
disminuir a esos grupos guerrilleros. Esa es la primera fase del
paramilitarismo y digamos que inicia su protagonismo en el
escenario de la violencia en Colombia con ese objetivo de
confrontar los grupos guerrilleros.

Posteriormente esos grupos paramilitares empezaron a
desviarse de ese objetivo y a centrar su propósito en
adquirir un poder político y económico con el
propósito precisamente de mantener su hegemonía y
en esa forma fue transformando ese objetivo de confrontar a esos
grupos guerrilleros ya para obtener intereses particulares o
servir a ciertos sectores, concretamente a los sectores del
narcotráfico que empezaron a surgir en los años
setentas y a servir a los objetivos que estos grupos
narcotraficantes tenían también dentro del
propósito de hacerse al poder político,
económico y social. Esa transformación de los
grupos paramilitares genero, digamos dentro de su
filosofía ya un propósito donde se
comprometían no solamente su confrontación a los
grupos subversivos y a los grupos de izquierdas que eran las alas
políticas de esos grupos guerrilleros sino que ya hubo una
intromisión con otros sectores sociales, incluso no
partidistas sin ninguna filosofía política porque
el objetivo se transformo, y ya lo que se perseguía era el
poder de la tierra, el poder económico, político y
involucraron a toda la sociedad en esa confrontación de
modo que la población termino siendo víctima de
estos grupos paramilitares, digamos que ese objetivo de atacar a
la población y de hacerse al poder a cualquier costa a
través de cualquier costa a través de la
persuasión, de la amenaza y a través de las
acciones violentas, se prolongo hasta el gobierno del presidente
Uribe, donde se plantea ya una política directa de paz con
estos grupos con el fin de disminuir su capacidad bélica y
de permitir que se entregaran al Estado y fueran juzgados por
este con unas prerrogativas especiales que se les
reconocían para esos efectos.

Entonces digamos que el fenómeno paramilitar, su
influencia ha sido máxima en los últimos 30
años y a partir de su protagonismo en la violencia en
Colombia se genero un fenómeno de disparado pues, de
violencia que no ha sido posible controlar y repito que, tiene su
mayor margen de manifestación hasta el momento en que el
Presidente Uribe sube al poder y propone una política de
inserción o de reinserción de estos grupos a partir
de la famosa ley de justicia y paz que se expidió para
esos defectos y que podría ser objeto de un gran debate y
de una larga discusión los propósitos de la ley
pero por lo menos en ese momento se conoce claramente el
propósito del Estado de reintegrar estos grupos, conocer
sus acciones, de saber que ocurrió y cuáles fueron
las consecuencias y los efectos de esa violencia
paramilitar.

• 2. ¿Qué papel cree usted que
  ha cumplido la administración de justicia dentro del
  compromiso que tienen las autoridades públicas de
  combatir los grupos paramilitares?

La administración de justicia, es una rama del
poder público que tiene como propósito el de
perseguir y castigar o sancionar el delito, de manera que siendo
esa su obligación constitucional y legal, la
administración de justicia dentro de sus facultades y
atribuciones, ha actuado dentro de ese escenario para combatir y
para enfrentar este fenómeno paramilitar y los
fenómenos de violencia cualquiera que ello sea, eso
digamos dentro de lo que es la dogmatica jurídica es lo
que ha ocurrido y lo que ha de ocurrir, ¿Qué es lo
que ocurre en la práctica?, en la practica la
administración de justicia ha sido insuficiente y no ha
sido constante en la persecución de estos fenómenos
de violencia que están sumados al
paramilitarismo.

Digamos que este fenómeno se ha manifestado a
través de dos grandes acciones que atentan contra los
derechos humanos que son las masacres y el desplazamiento
forzado, las cuales son las acciones que ha llevado a cabo el
paramilitarismo dentro de su política de tomarse el poder,
no solo económico sino también político y
social, lo ha hecho a través de este tipo de acciones, en
lo económico tomándose la mayor proporción
de tierras en el país, ha impulsado con ese fin el
desplazamiento forzado, es decir, ha generado que la
población rural que tiene sus pequeñas parcelas se
desplace de sus lugares de residencia, de trabajo con el fin de
tomarse ellos esas tierras y por su puesto a través de la
amenaza, la coacción y la masacre ha logrado desplazar un
gran número de pobladores de sus tierras.

Este fenómeno de desplazamiento sumado a las
masacres ha hecho que la administración de justicia
actué dentro de esos dos escenarios, dentro del escenario
judicial propiamente dicho a través de los jueces penales
y de las corporaciones de la jurisdicción ordinaria que se
enmarcan en ese aspecto del derecho penal, pues han procurado no
digamos en mayor medida, pero de alguna forma de juzgar a las
cabezas de estos movimientos con el propósito de sancionar
sus conductas y combatirlas. En cuanto al fenómeno del
desplazamiento propiamente dicho de las masacres, tendré
que manifestar que la Corte Constitucional ha venido cumpliendo
un papel importante alrededor de estos dos fenómenos
surgidos de las acciones de tutela propiamente dicha y del mismo
control de constitucionalidad de las leyes en el sentido de
llamar la atención del Estado, para que este adopte las
políticas pertinentes con el fin de dar atención a
la población desplazada y a la población que ha
sido víctima de la violencia paramilitar y de la violencia
en general y que a través de decisiones judiciales ha
comprometido al Estado para que desarrolle una política
pública pendiente a la atención y protección
de estos grupos poblacionales que han sido víctimas del
paramilitarismo.

En el año 2004, la Corte Constitucional dicto una
sentencia muy importante con efectos generales en la que obliga
al gobierno nacional a través de sus distintos
órganos de asumir una política dirigida a atender a
la población desplazada y victima de la violencia, es una
sentencia que ha continuado en desarrollo, existe una sala de
seguimiento al interior de la Corte que se encarga de vigilar, de
velar, porque el Estado, el gobierno de turno, a través de
las distintas autoridades asuma protagonismo en la
atención y lleve a cabo las políticas
públicas que sean necesarias para brindarle
protección a estos grupos y para restablecerlos nuevamente
a su medio y para permitirle a estas personas que puedan
desarrollarse como tal y puedan seguir adelante en sus
vidas.

De manera pues que, digamos que la administración
de justicia, para resumir, ha combatido con la acción
penal los actos paramilitares, puede ser que no hayan sido muy
efectivas, pero en todo caso se continua en la labor de perseguir
estas conductas delictivas, y desde el punto de vista
constitucional, si ha llevado una labor importante a
través de la Corte Constitucional, donde se le ha exigido
al Estado que asuma los compromisos y obligaciones frente a estas
poblaciones y les brinde la debida atención y
protección que ellas requieren.

• 3.  ¿Qué factores cree usted
  que influyeron para que el paramilitarismo transformara su
  carácter antisubversivo?

Bien ya habíamos hablado y hacemos un recuento
breve que los grupos paramilitares se formaron con el fin de
combatir a los grupos guerrilleros, estos grupos paramilitares
estaban dijimos auspiciados por la fuerza pública porque
era la manera como subrepticiamente podrían seguir
actuando en contra de los grupos guerrilleros, pero además
tenían el apoyo de ciertos sectores sociales,
concretamente de los ganaderos que venían siendo
víctimas de las extorciones y secuestros de los grupos
guerrilleros y se vieron entonces, en la necesidad ante la
inoperancia del Estado para combatir esos grupos de apoyar
económicamente a los grupos paramilitares.
¿Qué factores incidieron en la
transformación del paramilitarismo? Yo creo que dos
factores fundamentales, primero un factor económico, es
decir, los grupos paramilitares para poder desarrollar sus
acciones y actividades requerían necesariamente de un
apoyo económico. Para eso tuvieron que transformar sus
formas de financiarse y se vieron entonces permeados por los
grupos narcotraficantes y este se volvió en un factor
determinante de apoyo con esos grupos paramilitares, por lo tanto
ese objetivo paramilitar empezó a cambiar su rumbo y
entonces ya el narcotráfico empezó a ser muy
importante haciendo que los grupos paramilitares no era
necesariamente combatir los grupos guerrilleros sino obtener el
poder político y económico necesario para llevar a
cabo sus acciones de narcotráfico sin que el Estado
frustrara digamos esas actividades, de manera que pienso que el
fenómeno del narcotráfico fue fundamental para la
transformación de los grupos paramilitares en su objetivo
antisubversivo para luego convertirse en grupos al servicio de
sectores sociales como lo fueron los narcotraficantes.

• 4. . Como funcionario judicial
  ¿cuáles han sido su sus vivencias o
  experiencias alrededor del fenómeno
  paramilitar?

Bueno en efecto, yo me desempeño o me he
desempeñado en los últimos 20 años como
funcionario de la rama judicial, completamente el estado
vinculado a la corte constitucional lo he hecho en los
últimos 18 años y digamos que el estado cerca al
fenómeno paramilitar no propiamente al fenómeno
sino a las manifestaciones de el fenómeno paramilitar
habíamos mencionado en la respuesta anterior que dos de
las manifestaciones más relevantes de los paramilitares
han sido las masacres y las violencias y las y las desplazamiento
forzado esos dos factores de violencia han sido objeto de estudio
por la corte constitucional atreves de distintos escenarios y de
distintas vías a la corte constitucional le corresponde
dentro de sus funciones la protección de los derechos
fundamentales pues bien las acciones paramilitares han generado
una violación permanente y continua a los derechos
fundamentales de las poblaciones que han sido víctimas de
sus acciones ya sean e las masacres o del desplazamiento
forzado.

Alrededor del fenómeno del desplazamiento forzado
están la amenazas, están las los delitos sexuales
la violencia sexual, están los asesinatos, las
persecuciones bueno la corte a recibido. Dentro de su
acción de la protección de los derechos
fundamentales distintas a conocido distintos procesos atreves y a
tramitado distintos procesos alrededor de personas de
líderes comunales líder sociales líderes
cívicos que han sido víctimas de amenazas o de
delitos de esos grupos paramilitares la corte a conocido por
vía de acción de tutela estas circunstancias y a
protegido y a ordenado a dictado órdenes asía las
autoridades gubernamentales y de otros órdenes a fin de
darle protección a estas personasen cuanto al
fenómeno del desplazamiento ya lo mencione la corte e a
conocido de cerca este fenómeno ha actuado atreves de sus
decisiones y lo repito, produjo en el año 2004 sentencias
muy importante que todavía está en desarrollo que
está en ejecución que es la famosa sentencia de los
desplazados donde nos hemos involucrado directamente con estas
circunstancia con las vivencia de estos grupos para que y
será obligado al gobierno y a las distintas autoridades
que sean consientes de la situación de desgracia de la
situación crítica de estas personas de la
vibración manifiesta de sus derechos para que adelante
acciones tendientes a la profesión de estos derechos y al
restablecimiento de sus derechos de manera pues que la
experiencia ha sido muy fructífera, ha sido muy dolorosa,
ha sido muy cercana y la corte dentro de su función de la
protección a los derechos fundamentales a llevado e ha
adelantado e acciones muy importantes en torno a la
protección. Rápidamente finalizo señalando
que desde otro punto de vista, desde otra perspectiva hemos
tenido también conocer lo que es el fenómeno
paramilitar atreves del control de constitucionalidad que la
corte realizo la ley de justicia y paz.

Ya dijimos que la ley de justicia y paz fue una
manifestación jurídica que hizo el estado a
través del congreso de la republica y el gobierno nacional
para lograr la reinserción, para lograr que los lideres se
reinsertaran a la sociedad confesaran sus delitos y fueran
sancionados digamos con unos beneficios muy especiales siempre y
cuando se cumpliera el compromiso de confesar los delitos que
habían cometido y todos los actos de violencia que se
habían generado, pues bien la corte esa ley que
expidió el congreso de la republica fue a control
constitucional a la corte constitucional y en esa perspectiva la
corte también llevo a cabo una labor muy importante con el
fin de ajustar la ley para que en todo caso la ley que si bien
reconocía beneficios a estos actores de los grupos
paramilitares con el fin de que confesaran sus delitos no fuera
excesivamente benévola de la manera que permitiera que
finalmente lo que se generara atreves de esos actores de
violencia fue una burla a la administración de justicia ,
una burla a la sociedad ,una burla al país y a la
comunidad internacional la relación con sus conductas. La
corte llevo a cabo una acción importante para asegurarse
de que estas personas fueran juzgadas, fueran sancionadas y se
reivindicaran con las victimas y reconocieran indemnizaciones y
finalmente pagaran por los comportamientos delictuosos que
habían cometido esa digamos seria la experiencia con
relación al fenómeno paramilitar.

• 5.  ¿Cuáles cree usted que
  deben ser las acciones que debe adoptar el gobierno para
  ponerle fin al fenómeno paramilitar?

La pregunta es difícil como lo es la respuesta,
no podría decir yo que tengo la formula sagrada o la
fórmula mágica que permita ponerle fin al
fenómeno paramilitar, alrededor de dicho fenómeno
ahí una seria de circunstancias sociales, políticas
que involucran un tema macro y que difícilmente
podría yo resolver, digamos que dentro de una perspectiva
general habría que señalar que la comunidad
internacional se ha manifestado alrededor de la violencia en el
mundo y en Colombia y a través de compromisos
internacionales que ha adquirido el país ha generado
ciertas soluciones que se han planteado para ponerle fin al
fenómeno de violencia y concretamente al fenómeno
del paramilitarismo .

La comunidad internacional a puesto en conocimiento y en
practica unas series de acciones tendientes a abordar el
fenómeno paramilitar para que este finalice desde la
perspectiva jurídica y de la perspectiva política,
lo ha hecho imponiéndole a los estados una serie de
límites a las actuaciones con el fin de que si bien el
Estado se le reconoce una capacidad negociar para efector de
ponerle fin a estos fenómenos también se le imponen
limites en el sentido de que no puede excederse en
reconocimientos y en beneficios, de manera de que las acciones
violentas queden impunes, es lo que se conoce como la famosa
justicia transicional que llama el derecho internacional, la cual
consiste en permitir que los Estados en efecto lleguen a acuerdos
con estos grupos violentos con el fin de lograr la paz, pero que
esos acuerdos no incluyan impunidad, sino que impliquen el
cumplimientos de los principios de verdad, justicia y
reparación, es decir que a la vez que el Estado puede
negociar con ellos y ser benévolo en las acciones que se
puedan poner no pueden dejar de haber sanciones, pero segundo
debe haber un compromiso por parte de estos grupos para que digan
la verdad y para que indemnicen a sus víctimas, de manera
que así se cumplirían los tres ciclos de verdad,
justicia y reparación , el Estado negocia con estos grupos
con el fin de acabar la violencia, pero eso no significa que se
perdonen, se reconozcan el principio de perdón y olvido a
estos grupos sino que se enfrenten a un proceso, se les juzguen
de una forma benévola, pero que estos se comprometan a
decir la verdad de lo que ocurrió y además de
indemnizar a sus víctimas, es eso desde el punto de vista
político.

En Colombia el fenómeno paramilitar y de
violencia, tiene un trasfondo social que difícilmente
podríamos solucionar con una fórmula mágica
que tiene que ver con la pobreza en Colombia, con la desigualdad
material, mientras no logremos solucionar esos problemas y
mientras no logremos avanzar hacia una sociedad mucho más
justa, ecuánime, una sociedad de posibilidades y de
inclusión de los diferentes grupos sociales, no
podríamos hablar de terminada la violencia en Colombia,
sino hablamos de una sociedad más igualitaria de mayores
oportunidades no podríamos hablar de paz en Colombia, de
manera que hoy será el fenómeno paramilitar y
mañana serán otros fenómenos, ayer fue el
fenómeno guerrillero y de alguna manera si estos
fenómenos se han transformado o se han ido desapareciendo
y llegaran otros, no sabremos cómo se llaman ni
cuáles son, pero todo generado por la desigualdad, la
diferencia social, por el abismo de las clases sociales que hay
en el país y por la falta de atención de estos y de
brindarles o garantizarles posibilidades de desarrollo, de vida
digna, de adecuación, de salud, en fin.

Mientras no pongamos fin nosotros a nuestro problema
social no podemos hablar de formulas mágicas para ponerle
fin al fenómeno paramilitar, este podrá terminar,
podrá ser finalmente sometido por las fuerzas del Estado,
pero surgirán nuevos fenómenos con otros nombres o
con otras características que siempre estarán
auspiciados por este problema social que ocurre en este
país y que no hemos podido solucionar y que no soy yo,
digamos el llamado a resolverlo, como digo a través de una
posición dogmatica o filosófica que pueda
desarrollarse. No se ha resuelto este problema en el mundo, en
ningún lado, se ha avanzado en el desarrollo del problema
social y en la atención en otros países y creo que
deberíamos copiar las formulas de los países
desarrollados, de los más avanzados y tenemos que acabar
con las diferencia de clases y desigualdades para que podamos
hablar de una paz duradera hacia el futuro.

Anexo 4:

Grafico Masacres:

Anexo 5:

Grafico Desplazamiento:

ANEXO 6:

Consolidación Paramilitarismo:

Anexo 7:

ANTEPROYECTO MONOGRAFÍA

• 1. PREGUNTA

¿Cuál es la incidencia del paramilitarismo
en el fenómeno de violencia estructural en
Colombia?

Objeto de Estudio:

Mostrar como el paramilitarismo ha incidido en los
hechos de violencia política en Colombia durante los
últimos treinta años, y como a través de sus
acciones de barbarie y desolación, ha logrado infiltrar
distintos sectores de la sociedad y el Estado, obteniendo un alto
nivel de poder político, económico y
territorial.

Problema de Investigación:

La incidencia del paramilitarismo en el fenómeno
de violencia estructural en Colombia

Hipótesis:

Una realidad de injusticia, pobreza y marginamiento,
sumada a la incapacidad del Estado para satisfacer las
necesidades de todos los ciudadanos y para ejercer el control
sobre el territorio y la población, son los
fenómenos que han incidido en el surgimiento de las
organizaciones armadas al margen de la ley en Colombia, entre
ellas , los grupos paramilitares y de autodefensa.

Justificación:

El paramilitarismo es una organización delictiva
y criminal, que, en su forma de actuar contraria a la ley, ha
servido a distintos intereses particulares, desestabilizando la
sociedad y causando daños irreparables en su
población.

• 2. OBJETIVOS

• Con esta monografía, pretendo transmitir a la
  juventud estudiantil, una información más
  detallada sobre la problemática social y
  política que genera el fenómeno paramilitar en
  Colombia, procurando que alrededor de dicha
  problemática, se genere un clima de reflexión y
  concientización sobre la necesidad de buscar
  soluciones futuras y definitivas, que le permitan a las
  nuevas generaciones de Colombianos vivir en un ambiente de
  paz y prosperidad.

• Evidenciar los distintos efectos y consecuencias que
  la violencia paramilitar y sus métodos de lucha han
  tenido en la sociedad Colombiana.

• 3. METODOLOGIA

Este proyecto, se concreta en la elaboración y
presentación de un video acerca del fenómeno del
paramilitarismo como una de las causas de la violencia
estructural en Colombia. Para tales efectos, se llevara a cabo un
trabajo previo de estudio e investigación sobre dicho
fenómeno, con el fin de precisar su origen, causas,
manifestaciones, repercusiones políticas y sociales,
así como también las políticas implementadas
por el Estado para enfrentar el paramilitarismo y algunas
posibles soluciones al mismo.

• 4. BIBLIOGRAFIAS

• La obra "UNA LARGA NOCHE Los caminos del
  conflicto en Colombia", escrita por Nelly Castro, en
  cual la autora realiza un estudio cronológico sobre el
  conflicto armado en Colombia a partir del propio grito de
  Independencia, en el que se incluye el fenómeno del
  paramilitarismo.

• la obra "Paramilitares y autodefensas",
  escrita por Mauricio Romero, en el que el autor lleva a cabo
  un estudio cronológico, pormenorizado y detallado del
  paramilitarismo en Colombia, desde su surgimiento hasta
  nuestros días, refiriéndose a las causas,
  consecuencias y relaciones con las elites regionales y con la
  política.

• audio del abogado y sociólogo Alejandro Reyes
  Posada, que contiene una exposición sobre el
  surgimiento y expansión del paramilitarismo, partiendo
  de la bonanza marimbera y cocalera de los años 70 en
  la costa atlántica latifundista.

• el texto "Breve historia del
  paramilitarismo", cuyo autor es Alvaro Vázquez
  del Real Wednesday, escrito para el Semanario Voz el
  cual, a partir de un enfoque de corte socialista, lleva a
  cabo un estudio histórico sobre el fenómeno
  paramilitar y su relación con los movimientos de
  derecha y ultra derecha en Colombia.

• artículos del Periódico EL TIEMPO,
  "El verdadero origen del paramilitarismo en
  Colombia", del 15 de mayo de 2007 y "Bandas" "ruta
  prohibida en Córdoba", del 16 de enero de
  2011;

• documental realizado por el periodista del canal RCN
  Guillermo Prieto LaRota, conocido como "Pirri", que trata el
  tema de la historia del paramilitarismo en Colombia,
  presentado el 27 de octubre de 2008;

DEDICATORIA:

A mis padres, José y Clemencia, que lo han dado
todo por mí.

A mi hermana Andrea, por los momentos que hemos
compartido, aun cuando ahora no estemos juntos.

AGRADECIMIENTOS:

Agradezco a mi padre por la orientación y ayuda
incondicional que me brindo para la elaboración de esta
monografía. También agradezco a mi tutor, Santiago
Tobar, por su acuciosa dedicación en la corrección
y realización del proyecto. De igual manera, debo
agradecer al doctor Juan Camilo Nariño por sus acertadas
opiniones.

Autor:

José Alejandro Cepeda
Campos

Tutor: Santiago Tobar

Monografía para optar al
título de bachiller

Colegio Gimnasio Campestre

Grado 11

Bogotá D.C

Viernes 26 de Mayo del 2011

[1] Para ampliar y clarificar el tema sobre
el “Frente Nacional” se sugiere http (Biblioteca
virtual- Biblioteca Luis Ángel Arango). Igualmente se
puede consultar el artículo de Jorge Orlando Melo,
“El Frente Nacional. Reformismo y participación
política”, en el que el autor estudia las
políticas emprendidas por dicho frente.

[2] Movimientos armados que pretenden la
sustitución de un sistema político,
económico y social por otro.

[3] Personas o grupos de personas que
trafican con drogas ilícitas y que generan violencia en
su actividad.

[4] Grupos armados que desarrollan las mismas
técnicas paramilitares. Las autodefensas unidas de
Colombia (AUC), fue una organización
ilegal paramilitar de extrema derecha, creada
en abril de 1997 en Colombia para
 reunir en una entidad relativamente centralizada a muchos
de los múltiples grupos paramilitares y de autodefensa
regionales pre existentes.

[5] Fuerza armada que actúa de forma
paralela y coordinada con las fuerzas del Estado para
confrontar la subversión.

[6] ara un análisis técnico y
estadístico se sugiere: “El conflicto,
callejón con salida .INDH. Colombia 2003. En
http://www.pnud.org.co/indh2003

[7] Para profundizar sobre la
agudización del fenómeno paramilitar en Colombia
se pueden consultar: Paramilitares y autodefensas, 1983-2003,
Editorial Planeta-IEPRI por Mauricio Romero.

[8] Sentencia de la Corte Constitucional
T-1346 de 2001.

[9] Sobre el tema se pueden consultar entre
otras las sentencias de la corte Constitucional T-025 de 2004,
T-630 de 2009 y T- 599 de 2008

[10] Periódico El Tiempo domingo 16 de
enero del 2011 “Bandas” “Ruta prohibida en
Córdoba” pagina 4